Por: Daniel Santana
Director
Fecha: 21 de noviembre de 2025
Bajada: El Estado asegura alimentar dignamente a cada preso con una cifra que no alcanza ni para un desayuno. La realidad desmiente el discurso oficial.
En República Dominicana nos quieren hacer creer que un ser humano puede alimentarse dignamente con RD$126 pesos al día. Esa es la cifra oficial que el Estado asigna para la comida de cada privado de libertad. Y uno se pregunta, con el mismo ingenio del pueblo: ¿y con eso es que pretenden resolver tres comidas?
Si dividimos ese monto, cada interno tendría derecho a RD$42 por comida. Eso ni en el colmado más económico del país alcanza para un plato básico. El resultado es evidente: lo que llega a las cárceles no es comida, es un simulacro, un líquido aguado disfrazado de almuerzo y raciones que, muchas veces, solo sirven para mantener vivo el cuerpo, pero no la dignidad humana.
Cuando multiplicamos esos RD$126 pesos por los casi 25 mil privados de libertad, el Estado invierte más de tres millones de pesos diarios solo en alimentación. Y aun así, la mayoría depende de sus familiares para poder comer de verdad. ¿Dónde está la coherencia? ¿Dónde se pierde el dinero? ¿Quién verifica calidad, porciones y transparencia?
Entre lo que se anuncia y lo que se sirve hay un abismo. Y en ese abismo se esconde lo que el dominicano llama “donde está el maco con la manteca”: un presupuesto que no llega al plato del preso, pero sí al gasto público.
En un país donde el sistema carcelario ya está marcado por hacinamiento, violencia y abandono, la comida no debería ser otro sufrimiento más.
La estafa silenciosa de la alimentación carcelaria es un espejo más de la fragilidad institucional del país.
SOBRE PRISIÓN PREVENTIVA: EL HOYO NEGRO QUE TRAGA MILLONES Y DESTRUYE VIDAS
La gran Bajada: Más del 60% de los presos dominicanos no han sido condenados, pero consumen recursos como si lo estuvieran. Una tragedia legal y económica.
La inmensa mayoría de los presos dominicanos no son condenados: son preventivos. Personas a las que la justicia no ha declarado culpables, pero que ya llevan meses —y hasta años— encerradas en condiciones que superan cualquier límite humano.
Las estadísticas no mienten: entre 60 % y 70 % de la población carcelaria dominicana está en prisión preventiva. Es decir, el Estado mantiene encerradas, alimenta, custodia y procesa a miles de personas que deberían estar bajo presunción de inocencia.
Esto no solo es un problema legal; es un problema económico gigantesco. Cada preso preventivo cuesta dinero diario: comida, personal, transporte, seguridad, infraestructura, atención médica y logística. La prisión preventiva es responsable de buena parte del hacinamiento y del descontrolado gasto penitenciario.
La realidad es cruda: la prisión preventiva se ha convertido en el atajo del sistema judicial. Es más fácil meter preso que investigar, más fácil encarcelar que probar un caso.
Y al final, quienes pagan son tres:
1. El Estado, que despilfarra recursos.
2. El preso, que sufre sin condena.
3. El sistema carcelario, que se desborda.
La prisión preventiva es un hoyo negro que traga millones, vidas y dignidad. Y como no hace ruido, sigue creciendo en silencio.
Si no se enfrenta ahora, seguirá devorando presupuesto y destruyendo vidas innecesariamente.
El DEFENSOR DEL PUEBLO: MUCHA BULLA, CERO DIENTES Y UNA DEUDA MORAL CON LAS CÁRCELES
Bajada: Entre discursos y conferencias, las instituciones que deben proteger la dignidad humana no están entrando donde la crisis realmente duele.
En papeles, el Defensor del Pueblo y las organizaciones de derechos humanos tienen una misión clara: proteger la dignidad humana cuando el sistema la atropella. Pero en la práctica, su actuación ante la crisis carcelaria queda muy por debajo de lo esperado.
El Defensor del Pueblo debería ser la voz firme que entra a los recintos, revisa condiciones, denuncia abusos, exige claridad en los presupuestos y presiona para cambios inmediatos. Pero lo que llega al país suele ser ruido: declaraciones, llamados de atención y advertencias que no producen impacto real.
Las organizaciones de derechos humanos tampoco escapan a esa percepción. Informes, ruedas de prensa y denuncias simbólicas se quedan en la superficie. No fiscalizan contratos, no auditan compras, no exigen claridad en el gasto alimentario, no cuestionan el desastre de la prisión preventiva.
El pueblo lo dice sin rodeos: mucha bulla, poca acción.
En un país donde los presos duermen de pie, donde la comida no alcanza, donde el hacinamiento es inhumano, estas instituciones deberían ser protagonistas. Pero se han quedado como espectadores de una tragedia nacional.
Si el Defensor del Pueblo y los defensores de derechos humanos no enfrentan los intereses que mantienen podrido el sistema penitenciario, su rol seguirá siendo simbólico, no protector.
La deuda es urgente, profunda y moral.
