En los últimos días, un anuncio de la Dirección Genera
l de Impuestos Internos (DGII) ha generado confusión, inquietud y hasta temor en muchos ciudadanos. Se habló de viviendas valoradas en RD$5.4 millones, y de inmediato surgió la pregunta lógica:
¿Ahora tendremos que pagar más impuestos por nuestra casa?
La respuesta corta es no, pero conviene explicar el contexto con calma.
La DGII informó que, para el año 2026, el valor máximo de una vivienda de bajo costo quedó establecido en RD$5,450,851.12. Este monto no es un impuesto, ni significa que quien tenga una vivienda de ese valor deba pagarle dinero automáticamente al Estado.
Este tope existe únicamente para clasificar qué viviendas califican como “de bajo costo”, conforme a la Ley 189-11 sobre desarrollo hipotecario y fideicomisos.
¿Y por qué es importante esa clasificación?
Porque es la que permite acceder a beneficios fiscales, como:
La exención del impuesto de transferencia inmobiliaria (ITBI) al comprar una primera vivienda mediante fideicomiso.
El acceso a incentivos como el bono vivienda.
En otras palabras:
Si una vivienda cuesta hasta RD$5.45 millones, puede recibir un trato fiscal preferencial.
Si cuesta más, simplemente pierde esos beneficios, pero no se convierte en una vivienda “gravada” por defecto.
Aquí está el punto que muchos pasaron por alto: perder un beneficio no es lo mismo que crear un nuevo impuesto.
El otro tema que se confundió: el impuesto anual a la vivienda (IPI)
A la par de este anuncio, la DGII también actualizó el monto exento del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI), que es el impuesto anual que pagan algunas propiedades.
Para el año 2026, las viviendas cuyo valor no supere los RD$10,695,494 siguen totalmente exentas de pagar IPI.
Esto significa algo muy claro:
Una persona con una casa de RD$5.4 millones NO paga impuesto anual.
Incluso muchas viviendas por encima de ese monto siguen sin pagar.
El ciudadano común, la familia trabajadora, no es el objetivo de este ajuste.
Entonces, ¿por qué la DGII hace estos cambios?
Porque la ley obliga a ajustar estos valores cada año según la inflación, usando datos oficiales del Banco Central.
Si no se hiciera, los límites quedarían desfasados y perderían sentido frente al aumento general de precios.
No es una medida recaudatoria nueva, ni una persecución a la vivienda familiar.
Es un ajuste técnico, aunque mal comunicado y peor interpretado.
Opinión final
El problema no está en la actualización de los valores, sino en la desinformación.
Cuando el lenguaje técnico no se traduce para la gente, nace el miedo. Y cuando hay miedo, circulan rumores.
Conviene decirlo con responsabilidad:
tener una “casita” valorada en RD$5.4 millones no convierte a nadie en contribuyente automático de la DGII.
El ciudadano merece explicaciones claras, no titulares alarmistas.
Y ahí es donde el periodismo responsable tiene que hacer su trabajo
