Daniel Santana.
La Procuraduría General de la República y el Ministerio Público deberían tomar como referencia, para fortalecer cualquier proceso judicial contra los hermanos Espaillat, propietarios del Jet Set, otros hechos graves ocurridos en el país.
Entre ellos se encuentran el desplome de plafones en un centro hospitalario recién inaugurado; los escombros desprendidos del Centro Olímpico que provocaron la muerte inmediata de una señora; así como incidentes anteriores, como el colapso del túnel de la avenida Máximo Gómez con John F. Kennedy.
A esto se suman numerosos casos internacionales, como los descarrilamientos de trenes de pasajeros en España, entre muchos otros.
En todos estos acontecimientos —tanto en infraestructuras públicas como privadas— se produjeron muertes a causa de derrumbes, fallas estructurales y negligencias.
Sin embargo, en la mayoría de los casos, nadie fue sometido al mismo nivel de escándalo público, presión mediática ni dramatización judicial.
En contraste, en el caso de los hermanos Espaillat, un reducido grupo de abogados, amparados en los reclamos legítimos de dos o tres familiares, ha intentado escandalizar y presionar al sistema de justicia, procurando decisiones que podrían resultar desproporcionadas e injustas contra personas que, en pleno uso de sus facultades, nunca tuvieron la intención de causar la muerte de seres humanos.
Se trata de personas vinculadas al trabajo, al arte, al emprendimiento y al deporte, que compartían un espacio cultural emblemático como lo fue el Jet Set.
La justicia no puede construirse sobre la presión emocional ni el ruido mediático, sino sobre hechos verificables, responsabilidades reales y una aplicación proporcional de la ley.
