Autor: Daniel Santana
En la República Dominicana, muchas veces olvidamos con demasiada facilidad el peso de una vida de servicio.
Hoy se encuentra bajo juicio un coronel con más de cuatro décadas dedicadas al país. Un hombre que, durante años, sacrificó su descanso, su familia y su tranquilidad para proteger la vida humana y la propiedad pública y privada, mientras la mayoría de nosotros dormía en paz.
No se trata de un oficial cualquiera. Su historial no ha estado marcado por escándalos ni por acciones que riñan con las normas policiales. Sin embargo, el destino —caprichoso e implacable— ha colocado su nombre en el centro de la controversia. Y es justo decirlo: hace tiempo debió estar retirado, pensionado, disfrutando del descanso ganado con honor. Pero cuando los acontecimientos están escritos, pocas veces el hombre logra esquivarlos.
Ahora bien, más allá del hecho puntual, lo verdaderamente preocupante es la dimensión institucional de este caso. Aquí no solo se está juzgando a un coronel: se está enviando un mensaje directo a toda la Policía Nacional.
El Ministerio Público tiene en sus manos una responsabilidad que trasciende lo individual: actuar con justicia, sí, pero también con equilibrio, con sentido de proporción y con plena conciencia del impacto que sus decisiones generan en el cuerpo policial.
Porque si este caso se maneja sin la debida ponderación, el resultado puede ser devastador: una policía desmoralizada, temerosa, de brazos caídos; agentes que duden antes de actuar; hombres y mujeres que, en lugar de cumplir su deber con firmeza, se paralicen por miedo a las consecuencias.
Y cuando la autoridad duda, la delincuencia avanza.
Que quede claro: el precedente que se siente hoy podría definir el comportamiento de toda una institución mañana. No se trata de encubrir errores, sino de entender el contexto, la trayectoria y el peso de una vida de servicio.
De lo contrario, estaremos abonando el terreno para una sociedad más vulnerable, donde los oportunistas, los irresponsables del micrófono y los enemigos silenciosos del orden público terminen imponiendo su narrativa.
Y entonces, cuando la inseguridad crezca, no será sorpresa. Será consecuencia.
Este caso también obliga a recordar a aquellos que han caído en el cumplimiento del deber. Como el coronel asesinado en Baní, en pleno ejercicio de sus funciones, cuya familia —viuda e hijo— parece haber quedado en el olvido institucional.
O aquel joven agente que perdió la vida mientras intentaba proteger una banca de apuestas, enfrentando solo a la delincuencia que finalmente lo asesinó.
Esos casos también son parte de la balanza.
Hoy, el coronel Made —a quien no tengo el honor de conocer— enfrenta el juicio público. Y sí, pudo haber cometido un error: no contar con personal femenino en una intervención donde había mujeres, una omisión que en el contexto actual resulta delicada.
Pero una falla operativa no puede borrar de un plumazo toda una vida de servicio.
Porque cuando se juzga a un hombre sin medir el peso de su historia, no solo se le condena a él… se resquebraja la confianza de toda una institución.
Y un país sin una policía firme, respetada y segura de sí misma, es un país que queda a merced del desorden.
En cumplimiento de mi deber, para no incurrir en comisión por omisión, jurídicamente hablando. danielpuerie@
