En los últimos días hemos sido testigos de un conflicto que ha puesto a prueba no solo a la justicia dominicana, sino también a la madurez y responsabilidad del sistema mediático nacional. Lo que comenzó como una disputa técnica por la concesión del Canal 3 terminó escalando hasta convertirse en un enfrentamiento público entre dos importantes empresarios de la comunicación.
Más allá de quién tenga la razón —para eso están los tribunales y los organismos reguladores— preocupa la manera en que este pleito ha arrastrado a comunicadores, empleados y periodistas a asumir posiciones que no les corresponden.
Un debate que debió mantenerse en el plano estrictamente institucional ha descendido al terreno personal, mediático y emocional, dividiendo espacios que deberían estar dedicados a informar, analizar y orientar.
Cuando figuras públicas que la familia dominicana recibe a diario en su hogar se involucran de manera pasional en conflictos ajenos, quienes salen perdiendo no son los protagonistas, sino el público y la credibilidad de la comunicación.
El dominicano que prende su televisor cada mañana espera claridad, no bandos; información, no peleas; profesionalismo, no conflictos heredados de terceros.
Hoy la justicia tiene un papel crucial: actuar con firmeza, claridad y transparencia.
El país necesita decisiones técnicas, no emocionales; institucionales, no impulsadas por poder mediático o presiones de influencia.
Si el proceso se conduce correctamente, ambas partes serán escuchadas y se llegará a una solución acorde con la ley, protegiendo al mismo tiempo la estabilidad del sector comunicaciones.
Este no es un conflicto donde existan héroes o villanos.
Es un recordatorio de lo frágil que puede volverse el sistema cuando se confunden responsabilidades personales con intereses públicos.
La verdad definitiva no la tienen las pantallas ni las voces más estridentes.
La tiene la ley.
Y mientras esa ley habla, el pueblo observa, evalúa y juzga con mucha más claridad de la que muchos imaginan.
