Por: Daniel Santana
El gobierno dominicano ha presentado en reiteradas ocasiones planes y estrategias con miras a detener los feminicidios y la violencia intrafamiliar, pero la experiencia nos enseña que ningún plan tendrá éxito si no se integra de manera real y efectiva a la sociedad civil.
No creo en planes “a priori” de un gobierno de turno, porque fue precisamente la sociedad civil, junto a instituciones comprometidas, la que luchó para que la ley contra la violencia de género e intrafamiliar fuera una realidad. Pretender imponer programas sin contar con esa base social es repetir los mismos errores de siempre.
Tampoco tendría ninguna importancia revisar dicha ley sin antes educar profundamente a la población. La prevención de la violencia no se logrará únicamente con sanciones, sino con un proceso de transformación cultural, educativa y comunitaria que fomente el respeto, la convivencia pacífica y la equidad de género.
Un verdadero plan debe estar cimentado en acciones concretas, entre ellas:
1. Educación desde la escuela: incorporar en el currículo escolar la enseñanza de la igualdad, el respeto mutuo y la resolución pacífica de conflictos.
2. Capacitación a las familias: programas de orientación en barrios y comunidades para fortalecer la convivencia familiar y enseñar a detectar señales de violencia.
3. Campañas permanentes: no simples spots en televisión en fechas especiales, sino campañas continuas que cuestionen el machismo, la normalización del maltrato y el silencio cómplice.
4. Atención psicológica accesible: crear centros comunitarios con psicólogos, orientadores y trabajadores sociales que atiendan gratuitamente a víctimas y también a posibles agresores.
5. Protección real a las víctimas: casas de acogida seguras y bien financiadas, donde las mujeres y sus hijos puedan recibir refugio inmediato y acompañamiento legal.
6. Formación a policías y jueces: entrenamientos obligatorios en perspectiva de género y protocolos estrictos para que las denuncias no terminen en burla, indiferencia o impunidad.
7. Participación comunitaria: juntas de vecinos, iglesias, clubes y organizaciones locales deben ser parte activa de la vigilancia social contra la violencia.
El verdadero cambio comenzará el día en que la sociedad asuma este problema como suyo, más allá de las promesas de campaña o los discursos oficiales. Sin educación ciudadana, sin un compromiso activo de la comunidad y sin la participación de todos los sectores sociales, cualquier plan gubernamental será letra muerta.
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