Ángel Martínez es un comunicador y detective privado de origen dominicano que se ha hecho un nombre en las redes sociales por su estilo directo, su carácter confrontativo y sus frecuentes denuncias contra figuras del poder político, empresarial y judicial de la República Dominicana.
Desde su plataforma digital —principalmente su canal de YouTube, con más de trescientos mil suscriptores— ha lanzado señalamientos fuertes y controversiales. Lo ha hecho desde los Estados Unidos, transmitiendo desde Miami o Nueva York, y sus palabras han resonado entre miles de dominicanos dentro y fuera del país.
Hoy, Ángel Martínez está preso. Pero no se trata de una simple detención. Está siendo procesado a raíz de múltiples querellas por difamación y daños morales, interpuestas por funcionarios, exfuncionarios y empresarios de alto perfil, especialmente de Santiago. Quienes se sintieron afectados por sus acusaciones, lo esperaron pacientemente, hasta que pisó suelo dominicano durante una escala turística en un crucero. Allí fue arrestado por orden del Ministerio Público, con apoyo del Dicrim e incluso la Interpol.
Hasta ese punto, aunque polémico, todo parece seguir un cauce judicial. Pero lo que ha encendido las alarmas es la manera en que se está llevando el proceso.
Se habla de un juez que ha perdido la imparcialidad, que actúa con saña, que grita en audiencia y amenaza al imputado. Se rumora que no es solo Ángel Martínez el objetivo, sino que se estaría enviando un mensaje a toda la prensa alternativa e independiente: si te pasas, te callamos. Si denuncias, te perseguimos. Si hablas demasiado, aplicamos la «ley mordaza».
Además, se dice que hay una lista negra de más de veinte comunicadores que también serían sometidos judicialmente por opiniones vertidas en redes, videos o transmisiones en vivo.
¿Estamos, entonces, frente a un proceso judicial legítimo o ante una persecución orquestada desde el poder para silenciar voces críticas? ¿Dónde queda la libertad de expresión? ¿Por qué no se investigan las denuncias que hace Martínez en vez de sólo silenciar al denunciante?
Lo cierto es que este caso debe preocuparnos a todos, no por lo que Ángel Martínez diga o deje de decir, sino por lo que representa su arresto: una señal peligrosa para la democracia, el periodismo y el derecho ciudadano a fiscalizar al poder.
Ojalá que este proceso no se convierta en un precedente oscuro. Que Dios nos guarde a todos por igual.
