Daniel Santana
Creo firmemente que uno de los mayores responsables de la tragedia llamada violencia intrafamiliar es el sistema judicial, no solo por su actuación tardía, sino por su falta de mecanismos reales de prevención.
Esta reflexión no nace de una improvisación ni de una casualidad.
Nace de la experiencia propia, vivida y sentida en carne propia.
Cuando fui coordinador del Foro Ciudadano, llegó a nuestras manos el anteproyecto de la Ley 24-97.
Para entonces, también era activista y coordinador del Foro para la Participación Municipal, un espacio social compuesto por grupos comunitarios, populares y sindicales, cuyo propósito era contener políticas erráticas de gasto social.
Nuestro mentor era el padre Jorge Cela, junto al Centro Bonó.
Recuerdo que fue Participación Ciudadana (PC) quien dio a conocer por primera vez el anteproyecto a los líderes comunitarios, en un acto realizado en los salones del Centro Bonó.
Lo que nunca imaginé —ni comprendí en ese momento— fue que, mientras debatíamos una ley para proteger a las familias, yo mismo estaba recibiendo violencia intrafamiliar.
Una ironía dolorosa, y más aún, yo inocente de tales calumnias.
Esa violencia no venía del odio, sino de un amor intenso y mal entendido hacia quien me hacía compañía en el hogar, a quien quise integrar a todos mis espacios sociales para que también aprendiera y creciera. Sin embargo, esos mismos espacios fueron utilizados para descargar furia, críticas malintencionadas y ataques a mi moral, incluso delante de compañeros de lucha social.
Con el tiempo entendí que muchas de esas conductas provenían de patrones aprendidos en su propio núcleo familiar.
Yo, desde la inocencia y la buena fe, fui siendo destruido de manera sutil por quien creía mi aliada.
Como dice el refrán: ojo que no ve, corazón que no siente.
También es necesario decir que la violencia intrafamiliar no siempre deja moretones visibles.
Existe una violencia silenciosa, psicológica y moral, que va minando la dignidad, la autoestima y la estabilidad emocional de quien la padece. Esa violencia suele pasar desapercibida para la justicia, para la comunidad y, muchas veces, hasta para la propia víctima, porque se disfraza de carácter fuerte, de celos “normales” o de simples conflictos de pareja.
Sin embargo, sus efectos son profundos y duraderos, y terminan afectando no solo a los adultos, sino especialmente a los niños, que crecen normalizando el conflicto y el dolor.
Por eso afirmo que el sistema judicial también es responsable, no solo de la violencia intrafamiliar, sino de la violencia contra niños, niñas, adolescentes, envejecientes y personas vulnerables.
Las herramientas de prevención discutidas y aprobadas en los debates de la Ley 24-97 nunca fueron realmente puestas en manos de las comunidades y activistas sociales para denunciar a tiempo los gritos, los abusos y las señales claras de violencia en los hogares.
Ahí está el gran error.
En la República Dominicana, la justicia suele llegar cuando ya nada puede prevenirse.
Aparece después de la tragedia, con ruido, investigaciones apresuradas y, muchas veces, maltratando también a inocentes.
Por eso insisto en que la prevención no puede seguir siendo un discurso vacío.
El Estado, el sistema judicial y las instituciones sociales deben asumir con responsabilidad la educación, la detección temprana y la intervención comunitaria.
Las leyes no pueden quedarse en papel ni activarse solo después de una tragedia.
Prevenir es escuchar a tiempo, actuar con sensibilidad y acompañar sin prejuicios.
Porque cuando la justicia llega tarde, no hace justicia: solo certifica el fracaso de una sociedad que pudo haber protegido y no lo hizo.
Esta reflexión me llega hoy no porque represente exactamente mi realidad actual, sino porque las experiencias difíciles me hicieron fuerte.
Sané solo, sin ayuda institucional, y puedo afirmar con conciencia tranquila que no existe en mí ningún grado de violencia.
Como todo ser humano, he tenido fallas y errores, pero jamás he sido violento.
Sigo creyendo, con firmeza, que si el sistema judicial utilizara de manera efectiva a las juntas de vecinos y organizaciones comunitarias como herramientas reales de auxilio y prevención, hoy serían menores los altos índices de violencia de género y violencia intrafamiliar en nuestro país.
Esta reflexión es propia porque fui parte del primer anteproyecto, pero también porque fui parte silenciosa de una historia que pudo haberse evitado.
