Por: Daniel Santana
Director – danielsantanard.com
Cada día, la salud se le complica más a los hijos de Machepa. Esa frase resume el sufrimiento de miles de dominicanos humildes que dependen de un sistema sanitario colapsado, indiferente y burocrático, que no responde ni a los enfermos ni a los envejecientes.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, dos instituciones en una sola estructura, parece haberse convertido en un aparato inservible. Ninguna de las dos cumple con su rol en materia de salud ni en la distribución de medicamentos de alto costo para pacientes terminales.
Es un secreto a voces que el sistema de salud dominicano, consagrado en la Constitución como un derecho fundamental, no funciona. Pero la situación ha empeorado con el reciente descubrimiento del desastre administrativo y financiero que hoy sacude a sus cimientos.
La Procuraduría General de la República ya tiene en sus manos investigaciones y sometimientos que buscan determinar responsabilidades y sancionar a los funcionarios que permitieron el colapso del sistema de salud y asistencia social del país.
Mientras tanto, el pueblo sufre. Los enfermos y los envejecientes —los mismos que trabajaron décadas por construir esta nación— se encuentran a la deriva y bajo la misericordia de Dios, porque no hay institución que los ampare en sus momentos de necesidad.
El SENASA, que debería ser un alivio para los más vulnerables, se ha convertido en un laberinto sin salida. Sus respuestas tardías o inexistentes provocan desesperación, y cada día más dominicanos se sienten abandonados por un sistema que prometió protección y hoy solo ofrece excusas.
Los costos de las consultas médicas se han disparado en un 50%, y los precios de los medicamentos han subido más de un 100%, haciendo imposible que un pensionado o un trabajador común pueda mantenerse con vida dignamente.
La falta de controles y la indiferencia de las autoridades están dejando consecuencias fatales. Las muertes por carencia médica, falta de medicamentos y negligencia institucional comienzan a multiplicarse silenciosamente, sin que nadie asuma responsabilidades.
Para mostrar la realidad, basta con mi propia experiencia: como asegurado de SENASA Jubilados y Pensionados, acudí a una farmacia reconocida en la Plaza Megacentro para adquirir mis medicamentos. El establecimiento trató de comunicarse con SENASA durante cinco horas consecutivas, sin obtener respuesta alguna.
Cansado y sin fuerzas, tuve que retirarme. Al día siguiente, me informaron que SENASA había realizado el reembolso correspondiente, pero la farmacia retuvo el dinero, obligándome a comprar nuevamente allí mis próximos medicamentos. Una acción ilegal y violatoria de los derechos del consumidor.
El Estado dominicano no puede seguir mirando hacia otro lado. La salud del pueblo no puede seguir siendo un negocio manejado por burócratas y mercaderes del dolor. Es hora de que el Gobierno asuma con firmeza su responsabilidad constitucional y moral, y rescate un sistema que hoy agoniza entre corrupción, ineficiencia y abandono.
Los hijos de Machepa merecen hospitales dignos, medicamentos accesibles y funcionarios que sirvan con vocación, no con indiferencia.
Si el Estado no reacciona pronto, la historia lo juzgará por haber dejado morir a su propio pueblo con un simple papel de seguro en las manos y sin esperanza en el corazón.
