Autor: Daniel Santana “El Comunitario”
El uso abusivo de los medios de comunicación con fines particulares representa una amenaza directa al equilibrio democrático. Pretender influir en la opinión pública para presionar al presidente Luis Abinader, con el objetivo de que intervenga en asuntos del Poder Judicial, no solo es imprudente: es un acto que roza el irrespeto institucional.
Cuando una plataforma mediática como Telemicro se utiliza para construir narrativas que buscan arrastrar al jefe de Estado a conflictos legales entre partes privadas, se desnaturaliza el rol de la comunicación. Los medios están llamados a informar, orientar y fiscalizar, no a presionar ni a manipular el curso de la justicia.
El Poder Judicial es una de las tres columnas fundamentales del Estado. Su independencia no es negociable ni debe ser vulnerada por intereses económicos, empresariales o mediáticos. Intentar forzar la intervención del Ejecutivo en decisiones judiciales es, en esencia, un atentado contra el principio de separación de poderes.
Más aún cuando el propio presidente Abinader ha sido consistente en promover el respeto a la institucionalidad y la autonomía judicial. Exigirle que actúe fuera de ese marco sería empujarlo a contradecir los principios que ha defendido.
Los conflictos entre empresas de comunicación, especialmente cuando involucran derechos, contratos o propiedad, deben resolverse en los tribunales, no en la pantalla ni en la presión mediática. Convertir un litigio privado en un espectáculo público es una irresponsabilidad que confunde a la ciudadanía y distorsiona la verdad.
Es momento de que existan mecanismos legales más firmes que regulen estos excesos. La libertad de expresión no puede ser utilizada como escudo para promover agendas particulares que pongan en riesgo el orden institucional.
La sociedad dominicana merece medios responsables, no actores que intenten manipular el poder en beneficio propio. La democracia no se negocia, se respeta.
