Por Pedro Aba, para danielsantanard.com
Con el voto favorable de 23 senadores presentes, el Senado de la República aprobó el proyecto de ley que autoriza al Estado dominicano a pagar deudas acumuladas desde 1996 a contratistas que ejecutaron obras públicas para gobiernos anteriores y que, pese a cumplir con su parte, fueron ignorados, abandonados y condenados a la quiebra.
Durante más de dos décadas, estos ingenieros y constructores levantaron carreteras, escuelas, acueductos y edificaciones oficiales que sirvieron como capital político a distintas administraciones, mientras sus ejecutores quedaban atrapados en un círculo de deudas bancarias, embargos y descrédito profesional.
Según denuncias documentadas de los propios afectados, esta irresponsabilidad estatal ha estado vinculada a la muerte de más de 15 ingenieros, víctimas del colapso económico, la persecución crediticia, la presión psicológica y la indiferencia institucional de un Estado que miró hacia otro lado.
El proyecto fue conocido en una Sesión Extraordinaria celebrada este sábado, en un ambiente cargado de tensión y expectativa, y fue presentado como una iniciativa de justicia mínima y reparación moral, luego de años de reclamos ignorados en despachos oficiales y comisiones técnicas sin resultados.
La aprobación de la ley provocó un respiro tardío pero significativo entre los contratistas presentes en el Senado, algunos de los cuales han pasado décadas tocando puertas, enfrentando procesos judiciales y perdiendo patrimonio familiar por obras que el propio Estado continúa utilizando.
La iniciativa fue presentada por el senador Franklin Romero, de la provincia Duarte (San Francisco de Macorís), quien sostuvo que el Estado no puede seguir beneficiándose de infraestructuras terminadas mientras arrastra una deuda moral y financiera con sus constructores.
El presidente de la Comisión de Obras Públicas, senador Félix Bautista, rindió un informe favorable, reconociendo que la ausencia de un marco legal previo permitió irregularidades administrativas y abusos contractuales que hoy requieren una solución extraordinaria.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, motivó la aprobación señalando que en comunidades como la suya, en la provincia Sánchez Ramírez, existen obras terminadas, inauguradas y utilizadas, pero cuyos ejecutores jamás vieron un solo peso por su trabajo.
De los Santos subrayó que el presidente Luis Abinader ha asumido compromisos heredados que otros evadieron, y que esta ley busca poner fin a una práctica histórica de incumplimiento estatal, que ha destruido carreras profesionales y familias completas.
La senadora de Puerto Plata, Yinet Bournigal, respaldó la pieza legislativa, afirmando que no se trata de un favor político, sino de una obligación legal y ética del Estado dominicano con quienes cumplieron contratos válidos.
Las obras adeudadas fueron ejecutadas antes de la entrada en vigencia de la Ley 340-06, en instituciones como el Ministerio de Obras Públicas, INAPA, Ministerio de Educación, INDRHI, CAASD, INAVI, entre otras, evidenciando un patrón sistemático de desorden, negligencia y falta de rendición de cuentas.
Legisladores y sectores técnicos coinciden en que esta ley no borra el daño causado, pero sí establece un precedente necesario para evitar que el Estado continúe utilizando a los contratistas como financistas involuntarios de la obra pública.
En la misma sesión, el Senado conoció otros proyectos y reconoció al baloncestista dominicano Karl-Anthony Towns, cerrando una jornada legislativa que deja al descubierto una verdad incómoda:
el desarrollo del país se construyó, durante años, sobre deudas impagas y silencios oficiales.
