Por: Daniel Santana
La violencia intrafamiliar y el feminicidio constituyen hoy una de las problemáticas sociales más sensibles en la República Dominicana. Su impacto no solo destruye hogares, sino que deja heridas profundas en la sociedad. Sin embargo, su abordaje no puede limitarse únicamente a la aplicación de la ley, sino que debe partir de una base sólida de educación y prevención dentro del núcleo familiar.
Desde el primer día que llegó a mis manos el anteproyecto de ley de protección a la mujer, debo confesar que no lo comprendí en su totalidad, ni lo consideré adecuado sin que antes existiera un proceso educativo dirigido a la familia, y especialmente al hombre, marcado históricamente por una cultura machista.
En ese entonces, como coordinador del Foro Ciudadano y del Foro para la Participación Municipal, junto a diversas organizaciones de la sociedad civil, participábamos en mesas de trabajo donde se debatía dicho anteproyecto. Éramos representantes de múltiples sectores comprometidos con el desarrollo social del país.
Recuerdo claramente que fui una de las voces más críticas durante esos debates. Incluso en escenarios de alto nivel, como reuniones en el Palacio Nacional, mi postura generaba rechazo, pues insistía en que la ley debía ir acompañada de educación y orientación social.
Mi planteamiento siempre fue firme: aprobar una ley sin preparar a la población para su correcta aplicación equivale a entregar una herramienta poderosa sin instrucción previa. Advertí que esto podría generar distorsiones en su uso y conflictos adicionales en las relaciones de pareja.
La Ley No. 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar establece sanciones contra la violencia de género e intrafamiliar, reconociendo como delito los actos de agresión física, psicológica y sexual dentro del hogar. Esta legislación representó un avance importante en la protección de los derechos de la mujer en el país.
En su artículo 309-2, la ley tipifica la violencia intrafamiliar como toda acción u omisión que cause daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona dentro de una relación de convivencia, lo cual constituye un paso firme hacia la justicia y la protección de las víctimas.
No obstante, el problema no radica únicamente en la existencia de la ley, sino en su aplicación y en la falta de un trabajo preventivo constante. El sistema judicial muchas veces actúa de forma reactiva, pero no preventiva, y su presencia en los barrios y comunidades sigue siendo limitada.
Hoy en día, los feminicidios continúan generando preocupación. A mi juicio, esto no se debe únicamente a discursos mediáticos, sino también a la falta de educación emocional, orientación familiar y seguimiento social tanto a hombres como a mujeres en situaciones de conflicto.
Cuando ocurre un feminicidio, más allá del dolor y la condena social, es necesario preguntarse qué factores llevaron a ese desenlace: conflictos acumulados, manipulación emocional, ausencia de mediación oportuna o incapacidad de manejar las diferencias.
Nadie tiene derecho a violentar ni a quitar la vida a otra persona. Por ello, considero que las juntas de vecinos, clubes comunitarios y organizaciones sociales deben integrarse activamente en la prevención, promoviendo el diálogo, la orientación y el acompañamiento en los hogares antes de que los conflictos escalen a consecuencias irreparables.
Hoy en día, muchos conflictos intrafamiliares también se agravan por el desconocimiento del Código Civil, el cual establece los procedimientos legales para el divorcio, la separación por mutuo acuerdo y por incompatibilidad de caracteres. Este desconocimiento genera tensiones innecesarias y, en algunos casos, abusos dentro de la relación.
Conozco casos donde se actúa con mala fe, manipulando situaciones legales o emocionales, lo que provoca impotencia y desesperación, especialmente en hombres que no saben cómo manejar estos procesos dentro del marco de la ley.
Sin embargo, es importante dejar claro que la violencia no tiene justificación en ningún contexto. Así como el hombre no tiene derecho a violentar a la mujer, la mujer tampoco tiene derecho a ejercer violencia, manipular a los hijos contra su pareja o generar escenarios de confrontación que afecten la estabilidad emocional del hogar.
La solución no está únicamente en castigar, sino en educar, orientar y prevenir. Solo así podremos construir una sociedad más justa, equilibrada y verdaderamente humana.
