Autor: Daniel Santana
Sec. de Organisacion de la UNTC Filial Dist. Nac.
En el marco del respeto al orden institucional y a la legalidad que rige las organizaciones sindicales, resulta necesario hacer una crítica fundamentada ante acciones recientes que constituyen una violación directa a los estatutos de la Unión Nacional de Trabajadores de la Comunicación (UNTC).
Un estatuto es el conjunto de normas, reglas y disposiciones que regulan el funcionamiento interno de una organización, subordinado a leyes superiores como la Constitución y el Código de Trabajo de la República Dominicana.
Su cumplimiento no es opcional: es obligatorio, ya que define derechos, deberes y procedimientos que garantizan la transparencia y la legitimidad de las actuaciones institucionales.
En ese sentido, no es prudente, ni ético, ni legal, realizar convocatorias a nombre de la UNTC sin cumplir los requisitos estatutarios.
Mucho menos lo es emitir y entregar pergaminos o certificados de reconocimiento sin la debida aprobación de los órganos competentes de la institución.
Recientemente, el señor Moya realizó una convocatoria a reunión sin la firma del Secretario de Organización, lo cual constituye una violación directa a los estatutos que rigen la UNTC.
De igual forma, procedió a entregar certificados de reconocimiento que no fueron previamente aprobados, incurriendo nuevamente en una actuación irregular y contraria a las normas internas.
Preocupa aún más que el señor Doñe del Río, en su condición de líder de la CASD, respalde o se preste a este tipo de acciones, que debilitan la institucionalidad y sientan un precedente negativo dentro del movimiento sindical.
Por tales razones, y en mi condición de Secretario de Organización, declaro lo siguiente:
Se consideran ilegales y sin validez institucional los certificados de reconocimiento emitidos, por no contar con la firma ni la aprobación correspondiente del área organizativa.
Se declara ilegítima la asamblea convocada para la entrega de dichos certificados, por violar los procedimientos establecidos en los estatutos.
Se advierte que estas acciones atentan contra las buenas prácticas del sindicalismo dominicano y el respeto al orden institucional.
Resulta aún más grave que el señor Moya, siendo abogado, tenga pleno conocimiento de las implicaciones legales y disciplinarias derivadas de estas violaciones.
El respeto a los estatutos no es un simple formalismo: es la base de la institucionalidad. Sin normas, no hay organización; y sin organización, el sindicalismo pierde su razón de ser.
