Por: Daniel Santana
La Constitución de la República Dominicana debería ser el documento más respetado, estable y sagrado de la vida institucional del país. Sin embargo, desde su promulgación en 1844, ha sido transformada una y otra vez por intereses ajenos al bienestar colectivo. Cada reforma, lejos de fortalecer la democracia, ha dejado en evidencia la vulnerabilidad de nuestra institucionalidad ante el capricho de la clase política. Lo que debió ser un pacto duradero entre el Estado y la ciudadanía se ha convertido en una herramienta manipulable, moldeada según las ambiciones del gobernante de turno y los grupos clientelares que lo rodean. Este análisis revela cómo, a través de 181 años, la Constitución ha sido secuestrada y utilizada como arma para perpetuar proyectos de poder, ignorando de manera sistemática la voluntad soberana del pueblo dominicano.
DESARROLLO — 11 PÁRRAFOS
La Constitución dominicana, proclamada por primera vez el 6 de noviembre de 1844 en San Cristóbal, nació con la misión de establecer los cimientos de una República basada en el orden, la libertad y la soberanía del pueblo. Aquel documento fundacional fue redactado por una Asamblea Constituyente de patriotas que entendían la importancia de una Carta Magna fuerte, estable y respetada.
Desde ese histórico día, la Constitución ha sufrido más de 39 modificaciones, reflejando no una búsqueda de perfeccionamiento institucional, sino una inestabilidad creada por la ambición política y el interés particular. La frecuencia de estas reformas ha erosionado su carácter sagrado y debilitado la confianza del pueblo dominicano en sus instituciones.
La primera gran reforma ocurrió en 1854, cuando se eliminaron artículos polémicos como el 210, que otorgaba poderes extraordinarios al Ejecutivo. Sin embargo, ese avance liberal fue rápidamente revertido en diciembre de ese mismo año, cuando se impuso de nuevo una Constitución más conservadora y funcional a los caudillos de la época.
A lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, nuevas constituciones y reformas surgieron en 1865, 1866, 1868, 1872, 1874 y 1875, cada una impulsada por conflictos políticos, intereses de grupos militares, o la lucha entre liberales y conservadores. Este periodo dejó claro que la Constitución se usaba como herramienta de poder, no como pacto social estable.
Ya en el siglo XX, el 22 de febrero de 1908 se produjo una reforma que permitió formas de reelección presidencial, marcando el inicio de un patrón histórico: modificar la Carta Magna para facilitar la permanencia en el poder. Esa práctica se repetiría en numerosas ocasiones.
El 13 de junio de 1924, tras la ocupación estadounidense, se promulgó una nueva Constitución que buscaba restaurar la soberanía nacional. Sin embargo, el periodo de Trujillo transformó la Constitución en un simple papel que reflejaba los intereses del dictador, como muestra la reforma del 9 de junio de 1934, la cual consolidó su control absoluto sobre el Estado.
Después de la dictadura, la nación entró en un nuevo ciclo de reformas. Una de las más significativas fue la del 14 de agosto de 1994, producto del Pacto por la Democracia, que prohibió la reelección presidencial inmediata ante la crisis electoral de ese año. Fue una reforma necesaria para garantizar la alternancia y reducir tensiones políticas.
Sin embargo, ese avance duró poco. El 25 de julio de 2002, bajo el gobierno de Hipólito Mejía, se modificó nuevamente la Constitución para reinstaurar la reelección presidencial consecutiva. Esta reforma reabrió el ciclo del continuismo y repitió la vieja práctica de ajustar las reglas del juego según intereses del gobernante de turno.
Posteriormente, el 26 de enero de 2010, se promulgó una nueva Constitución durante el gobierno de Leonel Fernández. Aunque se presentó como una modernización estructural del Estado, incluyó disposiciones que facilitaron futuros proyectos reeleccionistas, además de concentrar amplios poderes en el Ejecutivo.
El patrón es evidente: las reformas constitucionales dominicanas no han respondido a las demandas del pueblo, sino a las pretensiones de un pequeño grupo de legisladores, funcionarios, ministros y operadores clientelares. En muchos casos, presidentes que no contemplaban reelegirse terminan siendo arrastrados por este círculo reducido que manipula el Estado en función de sus intereses.
Por eso, urge establecer que toda reforma constitucional de alto impacto —especialmente las relacionadas con reelección, estructura del Estado y límites del poder— sea sometida a referéndum popular. La Constitución no pertenece a 100 políticos que viven del erario: pertenece a más de 12 millones de dominicanos. Devolver el poder al pueblo no es solo un acto democrático: es una obligación histórica.
CONCLUSIÓN
La historia constitucional de la República Dominicana demuestra que el verdadero peligro no está en las reformas en sí, sino en quién las impulsa y con qué propósito. Los cambios realizados durante casi dos siglos han respondido más a la ambición política que al fortalecimiento institucional, debilitando la confianza ciudadana y dejando al pueblo al margen de las decisiones que definen su destino. Por eso, ha llegado el momento de exigir un nuevo pacto moral: que toda modificación constitucional relevante sea sometida a un referéndum vinculante, donde sea el pueblo dominicano, y no una élite de poder, quien decida. La Constitución no puede seguir siendo el trofeo de los poderosos; debe convertirse en el escudo de la nación. Solo devolviéndole al pueblo su rol soberano podremos avanzar hacia una democracia robusta, respetada y verdaderamente representativa.
