El Sistema Nacional de Salud (Senasa) no es solo una entidad pública: es el pilar de la atención médica para millones de dominicanos, un derecho fundamental que toca la vida de todos.
Por eso, las voces que hablan de presuntos hurtos en sus instalaciones no pueden pasar desapercibidas.
La buena noticia es que el Ministerio Público ha tomado cartas en el asunto, iniciando una investigación que debe ser exhaustiva.
Y la Procuraduría General de la República se ha sumado, lo que garantiza que el proceso se desarrolle dentro de los marcos legales.
Pero hasta hoy, falta lo más importante: datos oficiales, cifras y detalles verificados sobre lo que realmente sucedió.
Esta espera puede ser angustiosa, pero es necesaria para evitar el bullicio de la información no contrastada.
Porque difundir noticias sin aval institucional no solo crea confusión: daña la credibilidad de las entidades y de la propia justicia.
La población necesita certeza: los pacientes, trabajadores de la salud y familias dependen de que el Senasa funcione sin irregularidades.
Y los ciudadanos, como titulares de los recursos públicos, tienen derecho a saber si se ha malgastado o desviado lo que les pertenece para su atención médica.
Es preciso recordar la situación de los pensionados y jubilados: hoy quienes dieron su juventud, fuerzas y vida por su país son desfraudados con la esperanza en salud — el seguro Senasa que les corresponde no funciona, sin coberturas reales, con rechazos en consultas y hospitales que los dejan en total vulnerabilidad.
Esperamos que la investigación se haga con objetividad, sin concesiones ni influencias externas.
También esperamos que de este caso surja una lección: fortalecer los controles internos en todas las entidades públicas, especialmente en la salud.
Finalmente, pedimos a las instituciones que publiquen los resultados con transparencia: es su deber con la sociedad dominicana.
danielpuerier@gmail.com
