Por: Daniel Santana
Fecha: 5 de agosto de 2025
Introducción
En medio de leyes duras, abusos de poder y medidas impopulares, todavía hay una pequeña llama de esperanza: que algún legislador piense realmente en su pueblo.
Pero cuando las decisiones políticas se toman de espaldas a la gente, el resultado es una mezcla de frustración, impotencia e injusticia.
Hoy reflexionamos sobre la aplicación desproporcionada de la Ley 63-17 y cómo esta afecta directamente al bolsillo del dominicano común.
El legislador que piensa en su pueblo
Cuando un legislador actúa con responsabilidad y compromiso, eleva su mente y su corazón por encima de los intereses particulares.
Piensa en la gente que lo eligió, en sus necesidades, en sus luchas diarias.
Pero no siempre es así.
En demasiadas ocasiones, el Congreso está lleno de personas sin la formación ni la sensibilidad necesarias para entender la complejidad de un país como el nuestro.
Hacen leyes desde una burbuja, sin conocer las calles, los barrios ni el sudor de la gente que madruga para sobrevivir.
La Ley 63-17: ¿justicia o abuso?
La Ley 63-17, que regula el tránsito terrestre en la República Dominicana, es uno de esos ejemplos donde el papel y la realidad no coinciden.
Si bien busca organizar y garantizar la seguridad vial, su aplicación se ha convertido en una carga desproporcionada.
Desde este lunes 4 de agosto, el INTRANT y la DIGESETT comenzaron a imponer multas de RD$5,000 por mal estacionamiento.
El detalle es alarmante:
RD$1,000 por la infracción.
RD$4,000 por el uso obligatorio de la grúa y la custodia del vehículo.
¿Quién puede pagar eso en medio de esta economía?
¿Quién anda con una cinta métrica para medir cinco metros desde una esquina o veinte desde un semáforo?
Un castigo que ya pagamos con impuestos
Es importante recordar que tanto el INTRANT como la Policía Nacional ya reciben presupuesto del pueblo dominicano a través de nuestros impuestos.
Entonces, ¿por qué debemos pagar nuevamente por un servicio que ya está financiado?
El ciudadano dominicano no puede ni debe pagar dos veces por la misma autoridad.
Esto es doble carga y una muestra de que se legisla sin sentido común.
¿Dónde está el parámetro humano de las leyes?
Una ley debe educar, prevenir y corregir, no castigar sin misericordia.
No se puede exigir cumplimiento sin antes garantizar educación vial accesible, señalización clara y procesos administrativos transparentes.
La ley se convierte en abuso cuando no considera la realidad económica y social de quienes deben cumplirla.
La verdadera solución está en el voto
Esto debería servir de lección para las próximas elecciones.
Debemos aprender a votar por personas que piensen en el pueblo, no por figuras que sólo buscan fama o poder.
No todo está perdido.
Mientras quede conciencia ciudadana y capacidad de reflexión, hay esperanza.
📣 Atención a los ciudadanos
Desde hoy, lunes 4 de agosto, se imponen multas de RD$5,000 por mal estacionamiento en zonas como Naco y Piantini.
Además, el próximo miércoles 6 de octubre, a las 9:00 a.m., se conocerá una acción de amparo en el Tribunal Superior Administrativo (TSA) contra estas medidas impuestas por el fideicomiso Parquéate RD.
Fundamento legal:
La multa se basa en el artículo 237 de la Ley 63-17, que prohíbe estacionarse en 23 lugares específicos, incluyendo:
Aceras, pasos peatonales y esquinas.
Túneles, puentes, curvas o frente a hospitales.
A menos de 1 metro de otro vehículo.
En sentido contrario al tránsito o más de 30 cm del contén.
Lugares señalizados o donde se obstruya la visibilidad.
Reflexión final
Una ley que no se adapta al contexto social, económico y humano del país, pierde legitimidad.
Legislar sin compasión es legislar contra el pueblo.
Y cuando el legislador olvida a su gente, el pueblo debe recordar por quién vota.
danielpuerie@gmail.com
