Daniel Santana
danielsantanard.com
No me pidan que aplauda sin leer.
No me pidan que celebre un titular que dice “Primer Puerto Tecnológico Google” como si fuera una medalla colgada en el pecho de la nación, cuando todavía el país no sabe exactamente qué se firmó, bajo qué condiciones y con qué compromisos.
Porque ya hemos vivido esta película.
Durante el gobierno de Leonel Fernández, también se firmaron grandes acuerdos con multinacionales.
También se habló de desarrollo, inversión extranjera, progreso y modernidad. Y años después descubrimos que los beneficios para la República Dominicana no eran tan dorados como el oro que salió de nuestras montañas.
La historia obliga a desconfiar.
No por maldad.
Por experiencia.
¿Qué significa “puerto tecnológico”?
No es una palabra decorativa.
Un “puerto” implica infraestructura estratégica.
Implica jurisdicción.
Implica tránsito de datos.
Implica ventajas fiscales.
Implica soberanía.
Entonces, la pregunta es directa:
¿Se trata de un centro de datos?
¿Un hub regional digital?
¿Un punto de interconexión internacional?
¿Habrá exenciones fiscales especiales?
¿Quién regula? ¿Quién supervisa? ¿Quién audita?
Porque cuando se habla de datos en el siglo XXI, se habla de poder.
Y el poder no se firma con una sonrisa para la foto.
¿Pasó por el Congreso o fue una firma administrativa?
Aquí está el punto medular.
¿Fue este contrato analizado en ambas cámaras legislativas?
¿Se discutió públicamente?
¿Se sometió a revisión constitucional?
¿O bastó la firma del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona junto al consultor jurídico del Poder Ejecutivo para comprometer al país en un acuerdo de esta magnitud?
La Constitución no es un adorno.
Es un límite al poder.
Si el contrato implica exenciones fiscales, concesiones estratégicas o compromisos de largo plazo, debe pasar por el Congreso Nacional.
El desarrollo no puede ser una decisión unilateral.
No somos “brutos”. Somos ciudadanos.
Cuando digo que expliquen esto “para los brutos como yo”, lo digo con ironía.
Porque el problema no es la capacidad del pueblo para entender.
El problema es la falta de información para analizar.
Los medios repiten el titular:
“Primer Puerto Tecnológico Google.”
Pero no explican:
¿Cuánto cuesta?
¿Qué recibe el Estado?
¿Qué cede el Estado?
¿Cuánto tiempo dura el acuerdo?
¿Qué garantías tiene la nación?
La transparencia no es opcional cuando se trata de soberanía digital.
No es estar en contra de la tecnología
Que quede claro:
No estoy en contra de la inversión extranjera.
No estoy en contra de la modernización.
No estoy en contra de atraer empresas globales.
Estoy en contra de la opacidad.
Porque cuando un gobierno firma con una multinacional del tamaño de Google, el país merece conocer cada cláusula antes de celebrar.
No después.
La lección del pasado
Los contratos que no se explican bien desde el principio, terminan siendo cuestionados después.
Y cuando se cuestionan tarde, el daño ya está hecho.
La República Dominicana no puede seguir firmando acuerdos estratégicos como si fueran simples convenios administrativos.
Un puerto — físico o digital — es infraestructura crítica.
Y la infraestructura crítica no se maneja con titulares.
Se maneja con debate público.
Conclusión
El progreso no se firma en silencio.
Si este acuerdo es beneficioso, que lo demuestren con documentos.
Si es histórico, que lo sometan al Congreso.
Si es transparente, que lo publiquen íntegro.
Porque el desarrollo verdadero no teme preguntas.
Lo que teme preguntas es la improvisación.
Y este país ya ha pagado demasiado caro por firmar primero… y explicar después.
