Por: Daniel Santana
El feminicidio y la violencia intrafamiliar no surgieron de la nada. En la República Dominicana, los tambores de guerra entre hombres y mujeres comenzaron a sonar hace más de dos décadas, cuando se introdujo un proyecto de ley impulsado por la entonces vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch. Aquella propuesta, presentada en un momento en que la sociedad civil vivía su época más vigorosa, abrió un debate que hasta hoy sigue marcando profundamente la convivencia entre géneros.
Para entender este conflicto, hay que volver al Diálogo Nacional de 1998, un acontecimiento histórico y, para muchos, irrepetible. Ninguna otra iniciativa ha logrado reunir a todo el país con tanta amplitud y seriedad. En ese espacio se encontraron sindicatos, empresarios, juntas de vecinos, asociaciones comunitarias, comunicadores, organizaciones religiosas, grupos sociales, entidades barriales y ONGs como Participación Ciudadana, Copadeba, Centro Bono, Centro Montalvo, Ciudad Alternativa, CEPAE, el Foro Municipal, la Unión de Emisoras Católicas… y más.
Fue, en esencia, la mesa grande donde el país entero habló sin miedo.
A través de las mesas comunitarias se recogieron inquietudes, necesidades y propuestas que luego se organizaron en tomos completos del Diálogo Nacional. De ahí nació una parte importante del cuerpo de políticas públicas que hoy conocemos: la reforma policial, las primeras discusiones sobre la seguridad fronteriza, el muro fronterizo, la seguridad ciudadana, los mecanismos para sancionar policías corruptos, y las políticas de protección de niños, adolescentes y mujeres.
Todo eso salió de las ideas y preocupaciones del pueblo organizado.
Sin embargo, no todas las propuestas fueron recibidas igual. Una de las más debatidas fue el anteproyecto de la ley 24-98, dirigida a la protección de la mujer. Yo, como coordinador de la sociedad civil en ese entonces, nunca respaldé ese anteproyecto tal como se planteó. No porque estuviera en contra de proteger a la mujer —eso es obligatorio y moral—, sino porque entendía que el país no estaba educado ni preparado para la magnitud de esa ley.
La sociedad dominicana ha sido históricamente machista por tradición. Una legislación tan poderosa, aplicada sin educación previa, sin formación emocional, sin cultura de respeto mutuo, podía desatar conflictos entre parejas y entre géneros. Y así ha ocurrido.
El problema no es la protección. El problema es entregar herramientas legales fuertes sin transformar la mentalidad nacional.
Poner armas jurídicas tan potentes en manos de mujeres que también pueden ser violentas, irrespestuosas, impulsivas o agresoras —porque la violencia no tiene género— solo asegura un resultado: la división entre hombre y mujer, la ruptura de familias y un aumento del resentimiento social.
También fue en ese mismo diálogo donde algunos grupos impulsaron lo que más tarde sería el discurso de “derechos de género” y de libre autodeterminación, permitiendo que los niños decidieran su identidad sin un marco educativo claro. En lo personal, jamás apoyé esa agenda, y mantuve mi oposición porque advertía que se introducía un modelo que no correspondía con la realidad sociocultural dominicana.
Hoy vemos las consecuencias:
– Aumentan los feminicidios.
– Aumenta la violencia intrafamiliar.
– La natalidad desciende.
– Las parejas se enfrentan como enemigos, no como aliados.
– Las redes sociales han convertido el conflicto en espectáculo.
– Y ahora se habla hasta de entrenar mujeres en artes marciales “para defenderse”, como si la respuesta a la violencia fuera preparar más violencia.
A quien promueve eso —a ese Superman improvisado— hay que advertirle desde ahora:
Cada mujer que caiga abatida en un conflicto físico por haber sido motivada a enfrentar a un hombre cuerpo a cuerpo, será responsabilidad directa de usted.
La sociedad se lo va a reclamar.
La violencia no se combate con más violencia.
Ni con mas divicion y odio entre hombre y mujer.
