Daniel Santana
El desplome del techo de la discoteca Jet Set, un espacio de diversión y entretenimiento, puede crear nuevos y peligrosos antecedentes en la República Dominicana. Antecedentes que podrían alterar la forma en que se interpreta la responsabilidad en la ingeniería civil y en todas sus ramas: estructural, hidráulica, mecánica, eléctrica y de seguridad industrial.
Hablo en primera persona. He dedicado gran parte de mi vida al sector de la construcción, específicamente en climatización, electrificación, sistemas hidráulicos y sistemas contra incendios y de seguridad. En múltiples ocasiones participé en mesas de trabajo junto a ingenieros de distintas especialidades, coordinando cada detalle técnico de una obra.
En esas reuniones se analizaba cuidadosamente dónde abrir huecos para el paso de ductos de aire acondicionado central, bandejas de cableado eléctrico, tuberías sanitarias, hidráulicas y contra incendios, todo con el objetivo de evitar que los operarios debilitaran columnas, vigas u otros elementos estructurales críticos.
Asimismo, se discutían las cargas estructurales en los techos, especialmente cuando se instalarían equipos pesados como centrales de aire acondicionado tipo chiller, torres de agua o unidades de paquete de 5, 10 y hasta 15 toneladas, tomando en cuenta el peso permanente y las vibraciones.
El dueño o inversionista no domina estos conocimientos técnicos. No es ingeniero. Su rol es invertir y contratar empresas especializadas para que diseñen, calculen y ejecuten las obras conforme a las normas vigentes. Esa es la lógica de la construcción moderna.
Recuerdo el desplome del techo del anexo de una fábrica de espaguetis en la avenida Aníbal Espinosa; yo era un niño, y aun así la imagen quedó grabada en mi memoria. El colapso ocurrió en pleno vaciado de concreto.
Las fallas estructurales ocurren todos los días en distintas partes del mundo. Colapsan edificaciones nuevas y antiguas. En muchos casos mueren personas inocentes, dejando dolor y luto en familias y naciones enteras.
Nadie en su sano juicio desea que su empresa, su industria o su vivienda colapse y cause pérdidas humanas. Ahí están los ejemplos de la explosión de la fábrica de plásticos en Villas Agrícolas (María Montez) y la tragedia de San Cristóbal. Ningún propietario planifica una catástrofe.
Eduardo Espaillat y su hermana jamás imaginaron —como tampoco lo imagina ningún ciudadano— que el techo de su empresa pudiera colapsar. Al momento del hecho, Eduardo
Espaillat se encontraba fuera del país. Juzgarlo, procesarlo y condenarlo de manera automática es desconocer cómo funcionan la ingeniería, la inversión y el principio básico de justicia.
Eduardo Espaillat puede ser investigado, citado y procesado conforme a la ley, pero sigue siendo inocente hasta que se demuestre lo contrario. Convertir una tragedia técnica en una condena inmediata contra el inversionista abre un precedente peligroso: mañana, nadie estará seguro en este país.
