Autor: Daniel Santana “El Comunitario”
Es un hecho horrible que se haya hecho viral en el país y en el mundo el video del alevoso y premeditado asesinato de un hombre joven, trabajador municipal, dinámico, alegre y lleno de vida. Un hombre que, en cumplimiento de su deber, realizaba la noble labor de recoger la basura que muchos malos ciudadanos lanzamos irresponsablemente en nuestras calles.
En la República Dominicana sabemos —o al menos deberíamos saber— que conducir un vehículo no es tarea fácil. Todos conocemos las condiciones caóticas de nuestras calles y avenidas: aceras ocupadas, contenes destruidos, imbornales tapados y vehículos mal estacionados. A esto se suma el desorden en las esquinas, donde operan motorconchistas, entre los cuales, lamentablemente, se infiltran delincuentes.
Nuestro país creció de forma acelerada, casi explosiva, tal como lo advertía el doctor Joaquín Balaguer. Ese crecimiento nos tomó por sorpresa, sin la debida planificación para soportar la gran cantidad de personas y vehículos de motor que hoy saturan nuestras vías.
Bajo estas condiciones, se vuelve cada vez más difícil operar vehículos pesados como camiones de carga, recolectores de basura o unidades de mantenimiento eléctrico, tanto de baja como de alta tensión. Sin embargo, el problema no es solo estructural: también es institucional.
El crecimiento descontrolado del motoconchismo, más que una solución laboral, ha sido consecuencia de la falta de regulación efectiva por parte del Estado y la irresponsabilidad de sectores empresariales. El Estado, llamado a organizar y regular, ha fallado, o peor aún, ha actuado en función de intereses particulares.
Desde esta perspectiva, es necesaria una crítica directa al Congreso Nacional, tanto a diputados como a senadores. Conocen la realidad del tránsito, la violencia en las calles y el irrespeto hacia las autoridades, especialmente hacia los agentes de tránsito que intentan imponer el orden. Sin embargo, por cálculos políticos y búsqueda de votos, se permite el caos.
Hoy vemos cómo un motorconchista puede agredir a un agente sin consecuencias, muchas veces protegido por vínculos políticos o influencias dentro de las fuerzas del orden. Esa permisividad es peligrosa, y sus consecuencias son trágicas.
Santiago hoy llora a uno de los suyos: un hombre trabajador, joven y alegre, que fue brutalmente asesinado por una turba de motorconchistas mientras cumplía con su labor conduciendo un camión recolector de desechos sólidos.
Esto no es un hecho aislado. Es el resultado de un sistema que ha normalizado el desorden, la impunidad y la violencia.
Para reforzar esta opinión, relato una experiencia personal. Detrás de Megacentro, en Santo Domingo Este, en una calle estrecha, se ha instalado una parada de motorconchistas que ocupa aceras, contenes y parte de la vía. Mientras transitaba en medio de un infernal tapón provocado por los mismos motociclistas, rozé ligeramente a uno que estaba subido en el conten. Iba prácticamente a paso de tortuga, intentando salir del caos en el que me encontraba.
Ese simple roce fue suficiente para que varios motoristas, con cascos en mano, rodearan mi vehículo con intención de romper los cristales y agredirme. La situación escaló rápidamente. De no ser por la intervención de tres mujeres valientes que clamaron “¡cuidado con el señor!”, hoy quizás estaría contando otra historia. Fueron, sin exagerar, como ángeles en medio del peligro.
Pero no es el único caso. Mi propio hijo fue prácticamente secuestrado por una turba de motorconchistas, luego de que uno de ellos chocara contra su vehículo. Lo rodearon, lo intimidaron y lo obligaron a pagar 15 mil pesos para dejarlo ir.
¿Hasta cuándo vamos a seguir normalizando este tipo de barbaridades?
El desorden no es solo una molestia: es un peligro real. Cuando el Estado no regula, cuando la ley no se aplica y cuando la sociedad tolera la violencia, el resultado es inevitable: la muerte.
Hoy fue un trabajador municipal. Mañana puede ser cualquiera de nosotros.
