Por: Daniel Santana
Director – danielsantanard.com
Las informaciones falsas, conocidas también como fake news, son contenidos creados o manipulados para engañar, confundir o influir en la opinión pública. Se presentan como noticias verídicas, pero en realidad están diseñadas para distorsionar los hechos y manipular las emociones del lector. Su impacto puede ser devastador, especialmente cuando se difunden con rapidez a través de las redes sociales.
Ejemplos de ello abundan. Durante la pandemia de la COVID-19, el mundo fue bombardeado con falsos consejos como “come ajo para curarte”, “bebe alcohol para eliminar el virus” o incluso “el virus se transmite por las redes 5G”. Estas mentiras, repetidas millones de veces, pusieron en peligro vidas humanas y demostraron que la desinformación puede propagarse más rápido que cualquier enfermedad.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) llegó a crear la plataforma Verified, un esfuerzo global para promover hechos comprobados y combatir la avalancha de falsedades que amenazaban la confianza pública. Sin embargo, la lucha contra la desinformación no puede ser excusa para restringir la libertad de expresión, especialmente en países donde la palabra libre es una conquista del pueblo.
Muchos comunicadores, periodistas y ciudadanos responsables consideran que detrás del discurso contra las noticias falsas se esconde un intento por amordazar la crítica social y el pensamiento independiente. Se acusa a quienes disienten de “difundir mentiras”, cuando en realidad lo que hacen es cuestionar el poder y exigir transparencia.
En la República Dominicana, algunos sectores del poder han querido usar el argumento de las “fake news” como un estribo para justificar leyes mordaza, disfrazadas de buenas intenciones. Pero la verdad no se protege con censura, sino con educación, transparencia y acceso libre a la información.
Hoy, gracias a los avances tecnológicos, los analfabetos informativos son menos. La gente común ha aprendido a distinguir entre una fuente confiable y una manipulada. Los ciudadanos, a través de la educación digital y el sentido común, ya saben identificar los montajes, los títulos alarmistas y las manipulaciones emocionales que buscan generar clics y dinero fácil.
Las noticias falsas, por lo general, nacen de hechos reales. Lo que cambia es el contexto: se retuercen, se exageran o se sacan de proporción para provocar miedo o indignación. Si el presidente de los Estados Unidos realiza una visita comercial a América Latina, los creadores de falsedades titulan: “¡Ya empezó la guerra nuclear!”. Ese sensacionalismo es el alimento de las redes.
Pero más allá del espectáculo, la desinformación tiene un propósito político: dividir, distraer y debilitar el pensamiento crítico. Quien logra confundir a la población, puede manipularla con facilidad. Y eso, lamentablemente, ha sido aprovechado por grupos interesados en controlar la narrativa pública.
Los comunicadores honestos, los medios independientes y los periodistas de vocación saben que la verdad no siempre conviene al poder. Por eso, son ellos los primeros en ser señalados como difusores de falsedades cuando dicen algo que incomoda a las élites. De ahí nace la urgencia de defender la libertad de prensa con más firmeza que nunca.
La educación mediática debe ser la verdadera respuesta. Enseñar a los ciudadanos a verificar fuentes, contrastar versiones y pensar críticamente es la única forma de neutralizar la mentira sin sacrificar la libertad. No hay vacuna contra la desinformación, pero sí hay conciencia y responsabilidad.
En conclusión, las informaciones falsas existen y son peligrosas. Pero más peligrosa aún es la censura disfrazada de protección. Los pueblos necesitan periodistas libres, no bocas cerradas. La verdad puede ser incómoda, pero es el único cimiento sobre el cual se construye una democracia auténtica.
