Por Daniel Santana
SENASA nació como una conquista social destinada a garantizar el derecho a la salud de millones de dominicanos: empleados públicos, privados, subsidiados, pensionados, jubilados y los hijos de los más pobres. Hoy, sin embargo, ese ideal se ha resquebrajado. Las recientes denuncias de desfalco, corrupción y mala gestión explican por qué el sistema ya no responde como debería, y por qué los más vulnerables están pagando el precio con su salud y su vida.
Aclaro desde el inicio que hablo desde los modelos que conozco y he vivido. No me refiero al Plan Marimar, del cual he escuchado buenas referencias, sino a los regímenes de SENASA que afectan directamente a la mayoría del pueblo dominicano. Mi análisis no nace del rumor, nace de la experiencia observada con mis propios ojos, de historias reales que terminan, muchas veces, en el silencio de la muerte.
Comienzo por SENASA Subsidiado. En justicia, hay que decir que la atención primaria, las terapias, el Instituto de la Piel y algunos servicios en clínicas públicas funcionan relativamente bien. En esos niveles, el sistema todavía responde y cumple su rol básico de contención para los sectores más empobrecidos.
El problema comienza cuando el paciente, sobre todo un envejeciente, necesita algo más que atención primaria. Cuando el caso se complica y se requiere una certificación para ser referido a un hospital de mayor complejidad, el sistema se convierte en una pesadilla. Ahí empieza el viacrucis, la espera interminable, la burocracia sin alma.
He visto, y lo digo con dolor, enfermos de la tercera edad morir esperando una consulta especializada. Personas con sus documentos en los brazos, sentadas o acostadas en pasillos, aguardando ser atendidas. Algunos fueron vistos por médicos, otros ni siquiera llegaron a eso. La atención llega tarde, o no llega.
Pero si grave es el caso del subsidiado, peor aún es el régimen de SENASA para pensionados y jubilados. Este seguro, en la práctica, parece diseñado para excluir. No tiene cobertura real en hospitales de alta especialización ni en centros privados que podrían salvar vidas.
Los pensionados y jubilados no son aceptados en especialidades clave como otorrinolaringología, neurología, cardiología, urología, oftalmología, neurocirugía y otras áreas vitales. Centros como CEDIMAT, Clínica Abreu o Corazones Unidos no los reciben. El resultado es claro: ancianos enfermos sin opciones médicas reales.
Este modelo se siente como una estafa estructural, un engaño que condena silenciosamente a quienes ya dieron su vida laboral al país. No es exageración decir que se les empuja a morir por falta de acceso, no por falta de enfermedad.
A esto se suma el abuso en algunas farmacias afiliadas. En mi caso personal, en la farmacia CAROX, pagué mis medicamentos y el porcentaje que debía devolver el seguro fue retenido. Me obligaron a esperar hasta una próxima compra, un acto que, además de injusto, es humillante para un enfermo que necesita su medicina hoy, no mañana.
Cuando se conecta esta realidad con los escándalos de desfalco y corrupción actualmente investigados, el panorama se vuelve más claro. El dinero que debía fortalecer el sistema, ampliar coberturas y garantizar atención digna, fue desviado. Lo que falta en los hospitales, sobra en los expedientes judiciales.
SENASA, que una vez fue un referente positivo de inclusión social, hoy parece haberse transformado en un engranaje que tritura a los más débiles. No por casualidad, sino por negligencia, corrupción y abandono institucional.
Decir que SENASA se ha convertido en un “matadero de vivos” puede sonar duro, pero es la percepción de quienes ven morir a sus familiares esperando atención. Cuando un sistema de salud deja de salvar y empieza a excluir, deja de ser social y se vuelve criminal por omisión.
Este no es un ataque político ni un discurso de odio. Es un llamado urgente a revisar, auditar, reformar y humanizar un sistema que hoy está fallando. Porque la salud no puede ser un privilegio, y la vejez no puede ser una condena.
